Este nuevo curso educativo empieza cargado de considerables cambios, profundas incógnitas y cerca de unas elecciones con gran tensión política. En este escenario, las escuelas, institutos y centros de formación se tropiezan con una piedra: la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Así es, la famosa Ley conocida como LOMCE o “Ley Wert”. Y llega a los centros donde se la acoge con cierta confusión, debido a algunos aspectos fundamentales como lo son el modo de evaluación, por ejemplo, para acceder a la universidad, o algo que debería ser tan preciso como los presupuestos para 2016. Porque llegan elecciones y, en lo que concierne a las partidas destinadas a la financiación de unas cosas u otras hay enormes diferencias entre los principales partidos.
En España, los gobiernos que se han repartido el poder durante estos años de democracia no han logrado llegar a un acuerdo en lo que respecta a la educación. Algo tan fundamental para el funcionamiento de la democracia, y sobre todo, para garantizar el Estado del Bienestar. Esto junto con los problemas económicos de la población vaticinan algo que ya es prácticamente real, el deterioro de la educación.
Son 7 las leyes que se han hecho hasta ahora, y esto no tiene pinta de quedarse así. La Ley General de Educación promulgada por Franco en 1970 sería la primera de ellas. Ya terminada la dictadura, y con una reciente constitución, en 1980, el Gobierno de Suárez (UCD) elaboró la LOECE. Sin embargo, el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, por lo que se tuvo que revisar. No llegó a entrar en vigor puesto que los dos años siguientes iban a estar marcados por el Golpe de Estado y la victoria socialista. En 1985, este mismo partido promulgaba la LODE, y 5 años después, la LOGSE ponía fin a la ya anticuada LGE. Con el Gobierno de Aznar se elaboró la LOCE (Ley Orgánica de Calidad Educativa), aunque con la llegada de Zapatero al poder no se llegó a promulgar. En 2006, de mano del PSOE entraba en vigor la LOE rechazada solo por los populares. Por último, en 2013 la tan cuestionada Ley impulsada por el exministro de educación, José Ignacio Wert. La LOMCE, aprobada en el Congreso de los Diputados con toda la Cámara Baja en contra, exceptuando a los diputados del PP, y con dos abstenciones de UPN.
¿Ha recibido el personal docente toda la información necesaria para poder aplicar la Ley en las aulas? ¿Tienen los centros educativos todos los recursos que requiere el cumplimiento de ésta? A pesar de ser preguntas de las que se espera una respuesta positiva, no es así. Los sindicatos educativos, Asociaciones de padres y madres y el alumnado, ya han expresado su descontento desde el pasado año. Entre sus quejas destaca lo relativo al atraso que supone la LOMCE al sistema y al modelo educativo. Razón por la cual los gobiernos de comunidades autónomas donde no está al frente el Partido Popular, han frenado la ley para que no afecte a su territorio.
¿Cuáles son algunos de los aspectos que cambiará la LOMCE? En primaria encontramos que la asignatura de Conocimiento del Medio desaparece, dividiéndose en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Aunque lo más destacado es la prueba a la que tendrán que hacer frente los alumnos de 6º de primaria, y que se desarrollará en un centro diferente al que asisten. En secundaria, la LOMCE se aplica en los cursos de 1º y 3º. Es novedoso el Programa de Mejora y Refuerzo (PMAR), el cual es “un itinerario que orienta a los alumnos hacia enseñanzas más profesionales, dejando limitado su paso por bachiller”, tal y como dice C.C.O.O en su informe comienzo de curso 2015/16. También destaca el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, que obliga a los centros a recomponer sus cuerpos docentes, para asegurar la enseñanza de la nueva oferta educativa. Esta normativa llegó en pleno verano cuando ya se había planificado el curso siguiente, por lo que ha generado el descontento de los centros.
En cuanto a la Formación Profesional Básica, la implantación del segundo año ha supuesto una considerable reducción de matrículas. C.C.O.O ha calificado las cantidades de primeras matrículas este último año como “una burda estratagema que enmascara una subida presupuestaria nominal que está muy lejos de ser real”. Por último, en bachiller los cambios han llegado al primer curso. Ha habido modificaciones en el currículo, aunque los profesores se quejan de que no lo ha habido en el material ni en la información sobre éste. Destaca una cifra. La de nuevos alumnos en la asignatura de religión, que a partir de ahora es evaluable en la PAU. El incremento ha sido del 150% del estudiantado. No obstante, hay aún un gran dilema respecto a esta prueba de acceso a la universidad dado que no está claro su formato.
Otra de las grandes incógnitas para este curso educativo son, como ya he mencionado antes, las partidas presupuestarias que se destinarán a la financiación en el 2016, ya presentadas por el ministro Montoro este verano. Al haber unas elecciones antes de que empiece el nuevo año -y todo apunta a que no saldrá nadie con mayoría absoluta- es posible que los acuerdos políticos provoquen una enmienda de las mismas. En las partidas ya presentadas, el gasto en educación asciende a 2.483,96 millones de euros, un 9,3% más que en 2015. Sin embargo, siguen siendo 3.000 millones de euros menos que en el último año de la legislatura anterior. En cuanto a las becas, el gobierno prevé gastar un 59,3% del presupuesto, lo que significa un ligero aumento del 0,2% respecto al año pasado. También se especifica en los presupuestos para educación que 363,03 millones de euros irán destinados a la implantación de la LOMCE.
Sin embargo, sigue muy de lejos el gasto en educación que se tenía en 2009 puesto que se destina un 0,6% del PIB menos, y esto provoca que sean las familias las que tengan que acarrear gastos que ya no financia el Estado como el material escolar o el comedor. El riesgo de pobreza infantil en comunidades autónomas como Andalucía (45,3%) Castilla La Mancha (43,4%) o Murcia (43%) es indignante ¿Todos niños en esa situación llegarán a cubrir los recursos básicos para ir a la escuela si no tienen ni para vivir? ¿Y los comedores escolares? Si solo hay un 53,7 % de centros educativos que tienen comedor ¿Se puede asegurar que cada uno de estos niños tenga plaza en uno de ellos?
Las aulas acogen este nuevo curso a 1.165.395 alumnos más que cuando empezó la crisis (2008/09). Destaca que solo 128.906 del total se matricularon en centros privados. Si a toda esta operación le añadimos que el profesorado público ha incrementado un 5,9%, apaga y vámonos.
Demasiadas cosas que concretar y mucho por hacer. Pero el camino actual no es el bueno. No podemos resquebrajar los pilares que sostienen la democracia. Y hasta ahora no existe mejor sistema que este. Mientras, los políticos competentes ensalzando sus diferencias y evitando las similitudes ¿Qué pasará cuando haya un gobierno tripartito? ¿Y cuándo lo esté un partido que nunca haya gobernado? No creo que sea tanto esfuerzo para los políticos consensuar leyes tan importantes como lo son las de educación, por encima de aspiraciones y creencias políticas ¿Serán capaces de conseguirlo?
