de Piertoni Russo.
Un día que vale cuarenta años. Cuarenta años de avances, de cambios, de democracia y de antifranquismo. La deriva democrática que está afectando a una buena parte de los países europeos llega a su día clave también en España. El antisanchismo proclamado por los partidos conservadores no se puede y no se debe convertir en una ola antidemocrática que premia a un partido racista y nacionalista como el de VOX.
Un partido que, con respecto a los derechos sociales, ha mostrado posiciones críticas hacia las políticas progresistas relacionadas con el movimiento LGTBIQ+. Vox ha defendido posturas conservadoras en temas como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la educación en diversidad sexual en las escuelas. Y que ha propuesto derogar las leyes que permiten el aborto y la eutanasia en España. Un partido que menosprecia a las mujeres y que, con sus medidas, ampara la violencia machista.
En cuanto a la educación, su líder Santiago Abascal ha cuestionado la inclusión de contenidos relacionados con la diversidad sexual en las aulas, argumentando que considera que son temas que deben ser abordados por las familias y no por la educación pública, y que propone el pin parental para limitar la autonomía del profesorado.
Un partido que, en asuntos de inmigración ha abogado por una política migratoria más restrictiva, proponiendo controles más rigurosos en las fronteras, para reducir el número de inmigrantes legales e impulsar la deportación de inmigrantes ilegales; que defiende la unidad de España promoviendo eliminar las autonomías y anhelando una exacerbación del conflicto con los catalanes. Además, en política lingüística, Vox ha criticado el uso de las lenguas cooficiales en algunas regiones de España, abogando por eliminarlas como lenguas de enseñanza y administración pública.
Finalmente, un partido que niega la emergencia climática y que se opones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un llamamiento universal de las Naciones Unidas a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.
Estamos hablando de una cantidad enorme de derechos y conquistas sociales que peligraron el día 23 de julio, el día de las elecciones generales, convocadas por el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como respuesta a la derrota electoral en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.
Como consecuencia de esta llamada inesperada a las urnas, la izquierda consiguió por primera vez unificarse, convergiendo en el proyecto político de Sumar, liderado por la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. La única opción plausible para poder derribar a las derechas, o por lo menos impedirle que lograsen la mayoría absoluta. Una unión intricada, debido a los desacuerdos con el movimiento político de Podemos, en peligro de extinción, que finalmente tuvo que sacrificar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se había convertido en un obstáculo debido a la polémica ley de «solo sí es sí».
Las elecciones del 23J, fueron también las elecciones del porcentaje histórico de personas que votaron por correo, que llegó a contabilizar 2,47 millones de votos.
Los sondeos a pie de urnas auguraban una victoria rotunda del Partido Popular junto a VOX, hasta presagiar una mayoría absoluta.
Sin embargo, ante el abismo, España reaccionó. El bloque de izquierda tendrá opciones para volver a gobernar. Yolanda Díaz, la líder de Sumar, lo afirma con rotundidad: «A partir de mañana, continuaremos a dialogar con todos los partidos, para seguir gobernando y para mejorar nuestra sociedad». En la sede de Sumar este resultado tiene el mismo significado que una victoria.
Un resultado inesperado que condena la derecha, que gana en votos pero no suma para gobernar. España vuelve a gritar “No pasarán”.